El impacto de las medidas de Donald Trump en América Latina continúa generando incertidumbre en la región, a pesar de que el presidente estadounidense haya dado marcha atrás con algunas de ellas. El anuncio de un arancel de hasta el 25% para productos colombianos y la suspensión de emisión de visas en Colombia han puesto en alerta a diversos países latinoamericanos. En este contexto, la presidenta de Honduras ha convocado a una reunión extraordinaria de la CELAC para abordar los desafíos que enfrenta la región.
Según Antonio Domínguez, analista político uruguayo, las recientes acciones de Trump reflejan una postura dura ante la migración y el comercio en la región. Destacó la militarización de la frontera con México, la imposición de deportaciones masivas y la cancelación de citas para solicitudes de visa. Asimismo, subrayó el impacto potencial de los aranceles en empresas estadounidenses con operaciones en México y las tensas relaciones bilaterales con Cuba y Nicaragua.
En otra nota, un municipio argentino ha generado polémica al llamar a licitación para la construcción de un «alambrado perimetral» en la frontera con Bolivia. Esta decisión ha provocado molestias en Bolivia, donde se considera que la barrera no solucionará problemas como el contrabando y el narcotráfico, sino que afectará las relaciones de buena vecindad entre los países. El sociólogo Fernando Mayorga ha criticado esta medida y señalado que lo adecuado sería que ambos gobiernos trabajen en conjunto para abordar dichos problemas.
En este sentido, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ha ratificado la construcción del cerco en la frontera con Bolivia argumentando la lucha contra el narcotráfico, mientras que el ministro de Justicia de Bolivia ha expresado que esta acción viola principios de derecho internacional público. La controversia en torno a esta decisión continúa generando debate en la región.
Según el sociólogo Fernando Mayorga, «Creer que esa barrera va a solucionar el contrabando y el narcotráfico es absurdo.» Por otro lado, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ratificó la construcción del cerco en la frontera argumentando que «Acá no hay una cuestión política, sino un claro objetivo, que es combatir el narcotráfico». Mientras tanto, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, afirmó que esto «vulnera principios de derecho internacional público y particularmente las relaciones de buena vecindad entre estados hermanos».
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