
En una contundente acción en contra de la corrupción dentro de las corporaciones policiacas del estado de Chiapas, el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que hasta la fecha han sido detenidos 91 policías de diversas localidades, quienes están enfrentando procesos judiciales por su probable participación en actividades delictivas. Los uniformados detenidos provienen de municipios como Chiapa de Corzo, Comitán, Villaflores, Villacorzo, Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Tonalá y San Cristóbal. Destacó que, más allá de los elementos de policía detenidos, la investigación no se limita a los oficiales de menor rango, también se están analizando las posibles responsabilidades de altos mandos de las corporaciones y en caso de detectar irregularidades, incluso se podría involucrar a autoridades municipales, incluidos los alcaldes. Llaven Abarca enfatizó: «No habrá impunidad. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva, no solo contra los policías, sino también contra sus superiores».
El esfuerzo de la Fiscalía General de Chiapas busca restaurar la confianza en las instituciones de seguridad pública y subraya el compromiso de las autoridades para enfrentar de manera decidida los actos de corrupción que afectan a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, se mantendrán las investigaciones de manera amplia y generalizada, con el objetivo de garantizar que no exista impunidad en el sistema de justicia estatal. Además, se destacó que los avances de las indagatorias se mantendrán bajo el más estricto sigilo, para no poner en riesgo las acciones legales en curso.
«El objetivo es claro respecto al combate a la corrupción que se ha reforzado con la actual administración que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado, por lo que el esfuerzo es conjunto y con ello se pretende llegar a los mejores resultados en favor de los chiapanecos», explicó el titular de la Fiscalía General de Chiapas. Este trabajo coordinado entre las autoridades busca erradicar la corrupción en las corporaciones policiales y garantizar la debida aplicación de la justicia en casos de delitos cometidos por elementos de seguridad.
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