Fue detenido un general de la SEDENA por el caso Ayotzinapa
agregó que las autoridades presentarán una queja contra el juez que dictó la medida. “No va a haber impunidad”, sostuvo.
Según la notificación judicial a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas Abarca y el jefe de la policía de Iguala para ese momento, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado… al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ), señalaron en un comunicado que hasta el momento los padres de los estudiantes desaparecidos no han sido informados sobre el caso de Rodríguez Pérez ni los cargos que enfrenta.
Las organizaciones indicaron que si el proceso avanza con “prueba sólida” puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidad en los hechos, a la vez que precisaron que es “abundante” la prueba sobre la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala con la delincuencia organizada.
En relación con la absolución de Abarca, las organizaciones exhortaron a la Fiscalía a interponer la apelación. Asimismo, recordaron que la sentencia se deriva de una “mala actuación” de la Procuraduría General de ese entonces y de una acusación que se presentó en 2014 que tenía “numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” lo que llevó a la exclusión de múltiples pruebas.
En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.
Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Tras el anuncio fue apresado el exprocurador general Jesús Murillo Karam.
Numerosas investigaciones gubernamentales e independientes no han logrado llegar a una versión concluyente sobre lo que le sucedió a los 43 estudiantes, pero se presume que la policía local los sacó de varios autobuses en Iguala la noche del 26 de septiembre y los entregó a una banda de narcotraficantes. El motivo sigue sin estar claro. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han localizado fragmentos de huesos quemados de tres de los estudiantes.
El papel del ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala. Recién en 2019 se les dio acceso junto con Encinas y la Comisión de la Verdad.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
