México, EEUU y Canadá en Conflicto por Maíz Transgénico y Glifosato: Análisis del Dilema Comercial y Ambiental
Un grupo de especialistas ha concluido que la medida adoptada por México en relación con la prohibición del maíz transgénico viola las disposiciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), desencadenando así una controversia con sus vecinos del norte. Esta decisión ha provocado descontento en Estados Unidos y Canadá, quienes consideran que la legislación mexicana no se basa en evidencia científica, según lo dictaminado por un panel de expertos el pasado viernes 20 de diciembre.
Ante esta situación, el Gobierno mexicano ha rechazado el dictamen de los especialistas, argumentando que las medidas tomadas tienen como objetivo proteger la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, México ha declarado que respetará la decisión del panel, destacando la importancia del sistema de solución de controversias del T-MEC en este conflicto. La disputa gira en torno a la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en el país, medidas que México considera fundamentales para preservar la salud y el medio ambiente.
En este sentido, el Gobierno de México ha rubricado dos decretos presidenciales en los años 2020 y 2023 para abordar los riesgos asociados al glifosato y a las semillas transgénicas, alegando que la exposición humana al glifosato representa serios riesgos para la salud y el medio ambiente. Además, se destaca que el maíz transgénico tolerante a plagas conlleva riesgos para la salud humana y el ambiente, según señala un informe del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Esta postura ha colocado a México en una posición de controversia con sus socios comerciales del T-MEC.
De acuerdo con el informe final emitido, los expertos han considerado que la decisión de México sobre el maíz transgénico no se sustenta en evidencia científica, lo que ha generado un precedente en las resoluciones de disputas entre los países miembros del tratado. México tiene un plazo para cumplir con el fallo y ajustar su legislación frente a este conflicto internacional.
