Esperada Absolución: Juez Libera a Acusado de Violencia Digital tras Largo Juicio

El caso de Diego N, un exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado de violencia digital, ha generado revuelo luego de que un juez lo absolviera de los cargos imputados, considerando que no se había encontrado evidencia suficiente para demostrar su culpabilidad. Tras una audiencia de más de cinco horas en el Reclusorio Oriente, el tribunal desestimó los argumentos de la representación legal de las víctimas, lo que ha causado indignación en diversos sectores de la sociedad.

La representante legal de las víctimas, Valeria Martínez Mondragón, manifestó su descontento con la decisión del juez al no emitir una sentencia condenatoria a pesar de considerar que existían elementos suficientes para demostrar el delito de contra la intimidad sexual. Esto ha generado desconfianza en las autoridades y una sensación de impunidad en este caso. Cabe resaltar que, aunque fue absuelto en este caso, Diego N enfrenta otros cargos relacionados con pornografía infantil y delitos contra la intimidad sexual.

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En respuesta a la absolución, colectivas y activistas han protestado frente al Reclusorio Oriente exigiendo justicia por las víctimas y denunciando lo que consideran una injusticia en el sistema judicial. Consideran que pese al historial delictivo de Diego N y las pruebas presentadas en su contra, el juez tomó una decisión cuestionable al no imponer una condena. La sociedad se encuentra consternada por este caso que refleja un problema profundo en la impartición de justicia en México.

En una entrevista post-veredicto, la abogada Martínez Mondragón expresó su preocupación y frustración ante la resolución del juez: ‘Lamentablemente tenemos que decirles que el juez no dictó un fallo condenatorio, si bien se acreditó el delito, las víctimas lo resintieron… Hay elementos suficientes con los que además se demuestra este delito… El juez considera que Diego N no lo cometió, antes para demostrar que lo cometió’. La impunidad en casos como este refuerza la necesidad de una reforma judicial urgente en el país para garantizar la justicia y protección de las víctimas de delitos sexuales.

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