Sedena operará aeropuertos y Tren Maya para evitar privatizarlos: AMLO
El Tren Maya y algunos aeropuertos estarán bajo bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no aguanta ni el primer cañonazo ante una insinuación de privatizar esos proyectos, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Durante la mañanera de ayer, señaló que estas obras se construyen con recursos públicos, por lo que deben protegerse. Si estamos haciendo todo un esfuerzo de ahorro, no queremos que al paso del tiempo estas obras, como hicieron con los aeropuertos y las autopistas, y con todo, bancos, minas, se privaticen.¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden? Pues una institución como la Sedena. No sólo es porque está ayudando en la construcción y actúa con rectitud, profesionalismo y honestidad, también para dejar todas estas obras a una institución fuerte.
Recordó que en el sexenio del panista Vicente Fox, el Fonatur vendió terrenos ubicados a cinco minutos del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, que, por cierto, es privado, a 7 pesos el metro cuadrado en una zona de manglares. “Ni lo que cuesta un metro de alfombra (…) y no apareció ningún seudoambientalista”.
Ante ello, preguntó: ¿cómo se los vamos a dejar a Fonatur? No aguanta ni la primera insinuación, ni el primer cañonazo. Todo esto, que es de la nación, de los mexicanos, debemos cuidarlo.
Informó que el Tren Maya será eléctrico de Mérida a Cancún y de Tulum a Chetumal, y en el resto de la línea usará diésel con bajo contenido de azufre, que se traerá de la refinería Deer Park, de Texas, que no es contaminante. Insistió en que estará listo en diciembre de 2023, aunque si es enero de 2024), nos alcanza para las pruebas.
La realidad y los efectos de la corrupción son tan graves que opacan los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconoció ayer el presidente del organismo, Franciso Álvarez.
En la primera asamblea nacional del SNA, realizada en la Ciudad de México, afirmó que si bien el sistema fundado en 2016 ha dado resultados, la corrupción ha rebasado nuestra capacidad de espera.
La asamblea es un intento de rearticularlo, pues tras seis años de existencia, sus integrantes observan que sus resultados son insuficientes y que ha habido descoordinación entre los sistemas locales y el nacional.
El encuentro tuvo lugar en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, y por primera vez, al menos desde que empezó la pandemia de covid-19, se reunieron físicamente todos los titulares de las instituciones que integran el SNA: el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo; la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra; el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares; la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures, y Lilia Mónica López, representante del Consejo de la Judicatura Federal.
Es un mito que se resuelva por decreto
Álvarez señaló que es un mito que el SNA vaya a resolver la corrupción por decreto; dijo que con la instalación de la asamblea empieza una nueva etapa en la que las más de 400 instituciones encargadas de combatir y castigar la corrupción en el país buscarán trabajar de manera coordinada.
Salcedo expuso que en la nueva etapa del SNA, el respeto, el consenso y el diálogo habrán de ser las pautas que nos permitan coordinar de manera efectiva las acciones de prevención, control y sanción de la corrupción. En nombre del INAI, Ibarra Cadena llamó a los tres poderes de la Unión, a organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a cerrar filas en la agenda del combate a la corrupción, mientras Colmenares afirmó que la asamblea es un foro de reconocimiento para todas las iniciativas que, con independencia de denominaciones y logotipos, combaten la corrupción.
La asamblea reunió también a integrantes de los comités coordinadores de los Sistemas Anticorrupción de 24 estados, así como a representantes de los poderes federal y estatales; organismos de transparencia, instituciones académicas, sector privado e instancias internacionales.
